Siete días pasaron desde que la tierra se sacudió en Colombia, dejó en escombros a miles de viviendas y causó más de 280 muertos, el terremoto más fuerte en lo que va del siglo XXI en el país. La atención de la emergencia, distribuida en 15 departamentos con diferente grado de gravedad en territorios muy desiguales, también desató algunas controversias políticas sobre la ayuda internacional, mientras se va cerrando la posibilidad de encontrar sobrevivientes.
Amanecía el primer día hábil del recién instalado gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cuando se desató el sismo con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Por su profundidad, el impacto se extendió por una zona enorme del occidente y centro del país, lo que marcó varios desafíos logísticos. El mandatario, que asumió personalmente el liderazgo de la respuesta, repartió a su gabinete por las regiones para estar presente junto a los damnificados.
Aunque Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes del país, tuvieron daños menores, cinco capitales departamentales fueron muy golpeadas y quedaron en alerta roja por los daños. Entre los 472 municipios afectados, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabiliza 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados, según el balance más reciente.
En las últimas horas, la cifra oficial de muertos bajó por segunda vez y quedó en 287 víctimas fatales, luego de haber llegado a 294 el sábado, una vez que fueron consolidados los reportes entregados verbalmente en primera instancia por las autoridades municipales y otros organismos, un conteo complejo que tardó días en unificarse.
Además, son más de 120.000 familias afectadas, 4.147 heridos y más de 190 personas que todavía no han sido localizadas.
Una vez que pasó el caos inicial y se desplegaron las tareas de búsqueda, el puño levantado para pedir silencio se convirtió en el símbolo de compromiso de los rescatistas y de esperanza de los vecinos y familiares, pero una vez que pasó la “ventana crítica” de 72 horas, cada vez menos personas eran encontradas con vida entre los escombros. En total, 355 fueron rescatadas hasta el domingo por la noche.
También en Cali, la tercera ciudad con más habitantes del país, ocurrió el drama de una familia en la que solo una trilliza sobrevivió al terremoto: sus dos hermanas murieron y sus padres fueron hallados abrazados, también sin vida.
La ventana de rescate se cerraba, además, en medio de una controversia diplomática. Cuando varios gobiernos ofrecieron rápidamente ayuda humanitaria y el envío de equipos de rescatistas, la primera respuesta de la UNGRD fue que sería suficiente con los expertos locales.
Mientras comenzaban a llegar aviones con toneladas de insumos, El Salvador dijo que Colombia solo había aceptado donaciones, no asistencia técnica, mientras la embajada de China reclamó mayor claridad para acelerar el proceso de ayuda.
Ante los cuestionamientos por parte de la oposición de que el Ejecutivo estaría privilegiando la asistencia de gobiernos afines, el canciller Omar Bula aseguró que la ayuda se está aceptando “sin ninguna consideración política o ideológica”.
Entre demoras y descoordinaciones entre los funcionarios salientes y entrantes, el gobierno protagonizó una de sus primeras crisis de imagen en la hora más crítica.
Tanto la fase inicial de rescate como la de reconstrucción que comienzan a encarar el gobierno y las autoridades locales dejan al descubierto una realidad: la profunda desigualdad del país. El terremoto no golpeó por igual a todas las zonas y la recuperación puede también estar marcada por las vulnerabilidades de cada municipio.
La devastación en Quibdó, capital del Chocó, no se debió únicamente a su ubicación, a unos 100 kilómetros del epicentro, sino también a la precariedad de su infraestructura. “Es desolador. En las calles hay familias enteras, algunas recogiendo escombros e intentando salvar algunas de sus pertenencias”, contó el padre José Darvinson Quejada Córdoba, sacerdote de la Diócesis de Quibdó.
También en Buenaventura, una ciudad de más de 430.000 habitantes, la atención tuvo que ser liderada por los ciudadanos. Sin electricidad ni agua, algunos denuncian que la respuesta gubernamental no ha tenido el mismo impacto y coordinación que en otras ciudades. “No existe un hospital público de tercer nivel para atender a las personas. Fue una crisis ver a tantos heridos que llegaban al hospital y no había lugares. Se acondicionaron carpas afuera”, dijo a CNN el líder social Adriel Ruiz.
Las primeras estimaciones hablan de un impacto económico moderado por el sismo. Aunque el costo de reconstrucción podría estar en torno al 1 % del Producto Interno Bruto del país, la economía se vería dinamizada por los planes de recuperación y no habría un salto significativo en la inflación. Sin embargo, ese gasto fiscal pone en riesgo una de las principales promesas del presidente: reducción del déficit y saneamiento de las cuentas públicas.
Aunque De la Espriella asumió con una promesa de austeridad, el gobierno enfrenta la necesidad de reconstruir no solo viviendas, sino buena parte de la infraestructura pública: según la UNGRD, quedaron afectados más de 300 centros de salud, más de 3.200 centros educativos y de 4.000 centros comunitarios, así como 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos. Junto a las donaciones de varios países, el Banco Mundial puso a disposición US$ 200 millones para apoyar la respuesta inmediata y la recuperación, además de asistencia técnica y una evaluación de daños y pérdidas.
De todas formas, ese desafío está acompañado por la solidaridad del pueblo colombiano que ya salió a las calles a poner manos a la obra o a participar en campañas de recolección de donaciones.
En Cali, debía celebrarse este fin de semana el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, pero el lugar se convirtió en un centro de acopio con más de 1.200 voluntarios. Desde el deporte, el excapitán de la selección de fútbol Mario Yepes anunció para el próximo viernes un partido solidario en el estadio El Campín de Bogotá.
En tanto, desde el sector empresarial la familia Gilinski, la más rica del país, anunció una donación de 150.000 millones de pesos (unos US$ 48 millones) para reparar hospitales y colegios de Cali, lo que se suma a la recolección de otros empresarios colombianos que el viernes anunciaron más de 200.000 millones de pesos (unos US$ 64 millones) para atender la tragedia. David Vélez, fundador de Nubank, también anunció unos US$ 32 millones.
(CNN)
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