La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos durante la actual gestión, a través de una resolución que le atribuye los delitos de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», «defraudación por administración fraudulenta agravada» y «cohecho pasivo».
La Justicia también confirmó el procesamiento de otros 18 involucrados, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, quien fue segundo de Spagnuolo en la ANDIS. Según la investigación, habrían existido “pagos indebidos” a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”.
Las acusaciones contra los involucrados concurren además con el delito de asociación ilícita, por el que se señala a Spagnuolo como jefe de la organización. La investigación estimó en más de $ 30.337 millones el perjuicio ocasionado mediante el desvió de compras de medicamentos, el beneficio a determinadas empresas y los presuntos sobreprecios en las operaciones, informaron fuentes judiciales.
Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que la maniobra investigada encuentra sustento en las pruebas reunidas por el fiscal federal Franco Picardi, que fueron utilizadas como base para el procesamiento dictado anteriormente por el juez Sebastián Casanello.
De acuerdo con la resolución, “ciertas personas” de la ANDIS y del sector privado vinculado con el rubro de la salud habrían actuado de manera coordinada y mediante “acuerdos espurios”. Según la acusación, habrían integrado una organización destinada a cometer ilícitos y obtener importantes sumas de dinero en perjuicio de la administración pública.
La investigación también señaló que las presuntas maniobras habrían afectado a personas con discapacidad, a las que describió como una población “especialmente vulnerable”. Entre ellas se encuentran beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, además de madres con siete hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza.
Según el expediente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría funcionado como “el centro de operaciones” de distintas actividades ilícitas. La acusación sostiene que se convirtió en una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados (sic)”, mediante procedimientos que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad y transparencia.
La investigación también describe presuntos pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores vinculados con funcionarios y sostiene que el organismo habría sido administrado o co-gestionado por agentes externos con influencia en el sector de la salud, especialmente droguerías y empresas de insumos de alto costo. Con la confirmación de los procesamientos, Spagnuolo y los demás acusados quedan más cerca de una eventual instancia de juicio oral.
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