El aumento en el precio de los electrodomésticos, debido al salto del dólar y la falta de insumos importados para repararlos genera preocupación y enciende las alarmas.
Esta vez un grupo de diputados nacionales de diferentes fuerzas políticas, presentó un proyecto para que las empresas fabricantes de aparatos electrónicos coloquen un etiquetado para conocer así su vida útil y su índice de reparabilidad.
La intención de la iniciativa que encabeza el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, es establecer una política pública destinada a la prolongación de la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, con el objeto de favorecer la economía circular y de reducir la generación de los residuos resultantes de este tipo de productos (RAEES), con la incorporación de un etiquetado frontal, similar al que existe hoy con determinados alimentos.
Asimismo, el proyecto se encuadra como una iniciativa que colabora con la lucha contra la obsolescencia programada, favoreciendo la transición hacia una industria que priorice diseños que aporten robustez, y facilidad de reparación para los distintos bienes de uso de tipo eléctricos y electrónicos, por sobre alternativas de diseño destinadas al rápido descarte y reemplazo por modelos «más novedosos».
También firman el proyecto diputados de otros bloques, como Graciela Camaño de Identidad Bonaerese, entre otros.
¿Qué propone el proyecto?
Otra de las novedades incluídas en la iniciativa es la intención de promover el desarrollo sostenible como instrumento de la política y gestión ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente. De esta manera se propicia el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas para evitar el descarte, y fortaleciendo los talleres de reparación nacionales, traduciéndose en la creación de nuevos empleos verdes.
«Estamos hablando de una ley que nos ayudará a avanzar en el camino de un consumo más responsable y más sustentable, colaborando con la minimización en la generación de residuos y en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo y producción desmedida», precisó Ferraro en declaraciones.
Según Ferraro, «los etiquetados de este tipo, como ya hemos visto con los sellos en los alimentos o con las etiquetas de eficiencia energética en los electrodomésticos, permiten a los consumidores tomar decisiones más informadas, no le genera costos al Estado y tiene un amplio abanico de beneficios, evitando compras innecesarias a la ciudadanía, mejorando la gestión y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos e impulsando los oficios que tienen que ver con la reparación e incluso la fabricación de repuestos en territorio nacional».
«Esta ley no viene a prohibir ni a limitar, simplemente obliga a informar para que los consumidores puedan elegir el producto que les resulte más conveniente. Además, se establece un plazo razonable para que productores e importadores puedan aplicar los cambios en el packaging e incluso repensar diseños -si así lo desean- sin necesidad de modificar aquellos que ya están en el mercado», afirmó Ferraro.
Foto:Archivo.
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