La plenaria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil aprobó un aumento para el ultimo trimestre del año del 32,2% , que se aplicará en forma escalonada.
A partir de octubre regirá un haber mínimo de 132 mil pesos, lo cual representa un incremento de 14 mil en relación a los 118.000 pesos de septiembre (mejora del 11,86 por ciento). En noviembre, subirá otros 14 mil para llegar a 146 mil pesos (+ 10,6 por ciento) y en diciembre regirá un salario mínimo vital de 156 mil pesos, con 10 mil pesos de aumento sobre noviembre (+ 6,85 por ciento).
También aumentan las asignaciones sociales, el seguro de desempleo y el piso salarial para estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, que a partir de octubre será de 1.980.000 pesos.
Los gremialistas de la CGT y de la CTA de los Trabajadores y las cámaras empresarias aprobaron el aumento del piso salarial, mientras que la CTA Autónoma, que lideran Hugo Godoy y Ricardo Peidró, votó en contra y ratificó el reclamo de incremento de 44 por ciento, pero aprobó la oferta de incremento de las prestaciones para los desocupados.
«A diciembre próximo el mínimo será de tan solo 156 mil pesos, por lo que ese ingreso se mantendrá entonces por debajo de la canasta de indigencia», sostuvo la CTA Autónoma al rechazar la propuesta.
Kelly Olmos, ministra de Trabajo, celebra el acuerdo alcanzado en la reunión virtual del Consejo del Salario
La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, había dicho antes de la reunión del Consejo que el objetivo, además de la adecuación del salario mínimo, era «introducir un cambio importante en el seguro de desempleo. Entendemos que ha quedado desfasado, lo cual desestimula la formalización. Lo que hoy llamamos planes sociales generan una ventaja superior al seguro de desempleo; pensamos que hay que adecuarlo», explicó.
Diversas organizaciones sociales agrupadas en el bloque de Unidad Piquetera marcharon al Ministerio de Trabajo en reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta básica alimentaria, al considerar que se encuentra «debajo del nivel de indigencia» y que su incremento «es una responsabilidad directa del Gobierno».
