La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, una decisión que habilita el remate de activos para cubrir el perjuicio económico determinado en la sentencia.
El fallo de la Sala IV ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 y estableció la recuperación de más de 684.000 millones de pesos. La resolución consolida el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
La medida alcanza tanto a bienes personales de los condenados como a activos de empresas consideradas instrumentos de la maniobra, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas vinculadas al esquema investigado.
También quedaron incluidos bienes que fueron transferidos por herencia a Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal sostuvo que el decomiso puede extenderse a terceros que hayan recibido activos provenientes del delito a título gratuito.
El voto del juez Gustavo Hornos remarcó que el decomiso debe traducirse en una recuperación efectiva. “Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”, sostuvo.
El magistrado señaló además que la ejecución resulta necesaria para evitar que la condena quede en una declaración formal. Indicó que la recuperación de activos reafirma la vigencia de la ley y el rechazo social a los hechos de corrupción.
El juez Diego Barroetaveña acompañó este criterio y consolidó la mayoría para avanzar con la ejecución del decomiso sobre el conjunto del patrimonio considerado ilícito, incluyendo bienes en poder de terceros.
En disidencia parcial, Mariano Borinsky planteó que el decomiso debe limitarse a los bienes con vinculación directa comprobada con el delito y propuso excluir los heredados por los hijos de la ex presidenta.
Las defensas habían apelado la ejecución de los bienes al sostener que no todos fueron incorporados durante el período investigado y que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal había pedido avanzar con los remates al considerar que esos activos formaban parte del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner al momento de los hechos, más allá de las posteriores transferencias.
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